América Latina es una región rica en flora y fauna. Muchos de los ecosistemas latinos se encuentran entre los más diversos del mundo. Sin embargo, una enorme cantidad de estas zonas ha venido degradándose a pesar de que, según la ONU, casi el 25% de sus áreas terrestres y alrededor de un 17% de las marinas están protegidas.
Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela son algunos de los países considerados megadiversos. Pero la deforestación, la agricultura extensiva, la ganadería y las actividades extractivas ponen en riesgo estos ecosistemas y cuestionan la adaptación de los países al cambio climático, afectando la calidad de vida de las personas. Consecuencias que son aún más graves para la población más pobre y vulnerable, que normalmente dependen directamente de los recursos naturales para su supervivencia, según advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El último reporte global del Convenio de Diversidad Biológica concluye que una de las mayores causas de la pérdida de biodiversidad es la explotación agrícola. Se estima que un 70% de la pérdida de la biodiversidad terrestre está vinculada a las presiones agrarias. El Convenio recomienda reorientar la producción hacia la sostenibilidad y avanzar en sistemas agroecológicos.
Por esta razón, durante el XXII Foro de Ministros, que tuvo lugar a principios de febrero bajo la dirección de El Salvador, que actualmente lidera el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se pusieron en marcha varios acuerdos para abordar los desafíos ambientales más urgentes de América Latina.
“La salud de los ecosistemas es la base de un desarrollo sostenible. Con la adopción de este Plan de Acción, los países de América Latina y el Caribe contarán con condiciones mejores y mecanismos de cooperación más efectivos para recuperar sus ecosistemas, frenar la pérdida de biodiversidad y avanzar regionalmente hacia la visión de 2050 de vivir en armonía con la naturaleza”, dijo Leo Heileman, director regional del PNUMA en América Latina y el Caribe.
Junto con el Plan de Acción, los ministros de ambiente de América Latina y el Caribe firmaron la Declaración de Bridgetown, con el objetivo de integrar la dimensión ambiental en los planes de recuperación de la COVID-19, para impulsar economías resilientes y bajas en carbono. El Plan de Acción se basa en la cooperación entre países y plantea 10 acciones. Entre ellas, la puesta en marcha de programas de concientización pública, educación ambiental para la restauración de los ecosistemas, aumento de la capacidad técnica a través de inversión en ciencia, y búsqueda de financiamiento para poner en marcha programas de restauración. Según estudios de PNUMA, para restaurar cada año 150 millones de hectáreas degradadas se requieren inversiones superiores a USD 36.000 millones. Para costear estos programas el plan es acudir a organismos internacionales como el Fondo Verde del Clima, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y a inversores privados. Las precisiones se definirán en el próximo Foro, según publicó la agencia IPS.
Heileman también apuntó que a nivel mundial “los beneficios económicos de las intervenciones de restauración son hasta diez veces mayores que el monto de las inversiones necesarias”, pero advirtió que “la inacción puede ser hasta tres veces más costosa”.
La meta es que, para 2030, los países de la región hayan avanzado en la definición de políticas y en la implementación de proyectos de restauración. Sin embargo, algunos países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, no tienen un diagnóstico claro sobre el estado de conservación de sus ecosistemas.
FUENTE: INFOBAE
