En una nota de opinión de Infobae, se expusieron una serie de demandas y planes de acción de varios países que han instalado en su agenda la elaboración de políticas públicas que aseguren un desarrollo sostenible del mar.
El pasado 28 de diciembre se inició la operación “Southern Cross”, una larga patrulla en el Atlántico Sur para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, encabezada por un nuevo buque guardacostas de los Estados Unidos, en colaboración con algunos países de la región, entre los que se encuentran Guyana, Brasil, Uruguay y Argentina.
Esta operación se organizó a raíz de que, hace tres meses, la Guardia Costera alertó a través de un comunicado sobre el impacto para la seguridad internacional y nacional de estas actividades ilegales.
De esta forma, diversos países asumieron el compromiso de encabezar un esfuerzo mundial para combatir la explotación ilegal de las poblaciones de peces y proteger sus intereses nacionales a través de la cooperación internacional.
Al tiempo que crece la población mundial, aumenta el porcentaje del consumo de proteínas animales provenientes del mar, lo que convierte a la protección del ecosistema marino en un desafío para los líderes mundiales.
Cada año, “se pierden más de 30 mil millones de dólares a nivel mundial por la pesca ilegal, pero el problema de fondo es que está en riesgo el medioambiente marino, regulador del clima mundial”, expone la nota. Es por esto que se decidió llevar a cabo en conjunto medidas para erradicar la pesca ilegal, en pos de proteger la biodiversidad y, por ende, el planeta.
