Fue publicado el miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires como el Decreto 5/2021, llevándolo a cabo en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, a cargo de Estela Díaz.
Díaz comentó que el objetivo de este Programa es “Plantear un cambio total y completo en el enfoque con que se venía trabajando el abordaje de las violencias por razones de género es nuestro fuerte compromiso: a las violencias tolerancia ninguna, en cualquiera de sus tipos y modalidades. Y el compromiso para el cual venimos trabajando desde el día 11 de diciembre de 2019, que haya un Estado presente dando respuesta inmediatamente. Que se haga justicia para que haya verdad y que haya políticas reparatorias”.
Con la creación del PAIF, se pretende llevar adelante una política pública integral, que no se agote únicamente en la obtención de una sanción para el responsable, sino que comprenda acciones de acompañamiento y contención frente al daño que produce la violencia de género más extrema.
El programa cuenta con una Guía para el abordaje e intervención en los casos de femicidios, travesticidios y transfemicidios, con apoyo económico que se entrega por única vez a familiares o allegadas y allegados de las víctimas, una línea de cooperación técnica y científica para la investigación, acompañamiento en el acceso a la justicia y el desarrollo del registro específico de femicidios, travesticidios y transfemicidios dentro del Registro Único de Casos de Violencia de Género (Ley Nº 14.603).
Resulta necesaria la intervención coordinada del conjunto de los organismos provinciales, como así también de órganos del poder judicial y gobiernos locales para el esclarecimiento y acompañamiento a familiares y a la comunidad afectada por los casos de violencia por razones de género.
En este sentido, el PAIF es una herramienta provincial específica que permite dar respuesta desde el Estado ante los femicidios, travesticidios y transfemicidios, centralizar y sistematizar la información para el diseño de políticas públicas de prevención, y articular los diversos dispositivos estatales en función de dar respuesta a una problemática social que requiere de abordajes especializados.
