El colectivo de estudiantes, docentes y familias “Unidxs por la Educación Especial” presentó hoy, en la Legislatura porteña, un proyecto para “garantizar las trayectorias educativas” en la red de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires a niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad a partir de los 6 años y sin límite de edad.
La propuesta surgió tras la decisión del Ministerio de Educación que estableció que, desde el ciclo lectivo del año pasado, los estudiantes con discapacidad que sean mayores de 22 años debían egresar de los centros de formación integral, cuando, en general, la población que asiste a este tipo de establecimientos alcanza los 30 años.
La resolución dejó fuera del sistema de formación a los jóvenes con discapacidad y esto motivó el repudio de los gremios que nuclean a los trabajadores de la Educación, así como también generó la presentación de un amparo judicial para revertir la medida.
Ante la falta de respuestas, elevaron a la Legislatura porteña, la propuesta para que las niñas, los niños, jóvenes y adultos “con discapacidad cognitiva a partir de los 6 años y sin límite de edad, asistirán divididos por ciclos escolares, con el propósito de asegurar las trayectorias educativas integrales que respondan a las diferentes necesidades y diversos tiempos de aprendizaje”.
Asimismo, plantea que los establecimientos dispongan de “espacios de capacitación y formación con acreditación de saberes, para validad y posibilitar la salida laboral, donde se les ofrecerá talleres y cursos para los jóvenes y adultos a partir de los 30 años y sin límite de edad”.
“Tales espacios deberán asegurar los servicios de comedor y transporte, posibilitando la asistencia de los que así lo necesiten”, agrega la iniciativa del colectivo de estudiantes, docentes y familias por la educación especial.
En un texto difundido meses atrás, el colectivo de familiares aseguró que “es una clara medida de ajuste, que se complementa con el intento de cierre de las Escuelas de Educación Especial. Bajo el demagógico planteo de inclusión plena, el Gobierno de la Ciudad que en el relato plantea que quiere garantizar la inclusión y los 192 días de clases, en los hechos, ajusta, excluye y discrimina a la población más indefensa y más vulnerada”.