El tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba aprobó un manual de “Conceptos básicos para juzgar con perspectivas de género” para juzgados populares, debido al “sensible incremento” de las causas que deben ser juzgadas en ese contexto, tras el acuerdo resuelto por la máxima instancia judicial de la provincia.
Según fuentes judiciales, el Acuerdo Reglamentario detalla que la iniciativa responde al propósito de la Ley Micaela, que además contempla capacitación específica, presencial o en línea, de quienes intervienen en jurados populares.
Asimismo, se explicó que la decisión surge de un informe presentado por el área de Coordinación de la Oficina de Jurados del TSJ, que da cuenta del “sensible incremento en los últimos años de las causas que deben ser juzgadas con jurados populares y, sobre todo en aquellas en cuestiones relacionadas a violencia de género”.
Al respecto, añadieron que en muchos de los casos esa perspectiva de género aparece en el inicio de los procesos judiciales, y de manera transversal en toda la actividad probatoria, “algunas de las cuales presentan elementos complejos, cuyo dinamismo pueden ser de difícil interpretación para los ciudadanos comunes llamados a intervenir como jurados populares”.
El documento oficial del TSJ agregó que los jurados populares en el aspecto de las “circunstancias jurídicamente relevantes” es donde se les presenta “una especial complejidad a la interpretación legal de las formas de violencias contra la mujer”.
Esas formas de violencias “deben ser analizados en todo el contexto” por parte de los ciudadanos que integran los jurados populares, al remarcar que desde allí es donde se “materializa la reproducción de la prueba y su posterior valoración”.
Por lo tanto, es esa instancia donde se genera la necesidad de dotar a los legos de las herramientas que permitan analizar la prueba en este especial contexto de violencia, y así darle valor concreto al juzgamiento con perspectiva de género.
A partir de esa mirada el TSJ, además de la adhesión a la Ley Micaela, consideró que se debe adoptar medidas concretas que incorporen la perspectiva de género en todos los ámbitos y esferas del quehacer judicial, tanto para quienes reciben el servicio de justicia como para el personal, la magistratura y, también, las personas que han sido llamadas a intervenir como jurados populares.
Fuente: Télam
