El 10 de mayo el Congreso sancionó la Ley N° 26.743, un proyecto impulsado por decenas de organizaciones nucleadas en el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género.
La medida estableció el derecho a la autopercepción de género desde un enfoque no patologizante. Uno de los aspectos que la transformó en una ley de vanguardia a nivel internacional, en muchos países don e existe una legislación similar se debe presentar un diagnóstico psiquiátrico que continúa reproduciendo prejuicios e imponiendo todo tipo de obstáculos. Además de la posibilidad de realizar el cambio registral en el documento, se estableció el derecho y la gratuidad para el acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas en función del género autopercibido.
Esta conquista buscó ser un puntapié elemental contra la situación que aún hoy atraviesan las personas trans, entre la persecución estatal por parte de las fuerzas represivas y la discriminación estructural que impide el acceso al trabajo, la educación, la salud y la vivienda. Algo que se evidencia en que el promedio de vida ronda los 35 años y que la gran mayoría se prostituye para poder subsistir.
Según el Registro Nacional de las Personas más de 12 mil personas accedieron al cambio registral. El activismo travesti/trans continúa reclamando contra obstáculos para el acceso a los tratamientos hormonales y también por parte de las prepagas y obras sociales para la realización de intervenciones.
La ley de identidad de género implicó un avance fundamental para un colectivo históricamente marginado y perseguido por el propio Estado. A su vez, tras 10 años se pone en evidencia que los cambio en las legislaciones no garantizan en sí mismos el acceso a derechos básicos como la vivienda, la salud o la educación, y el cese de la discriminación. Por eso mismo, en el contexto donde un país condicionado por el FMI y que está sufriendo un ajuste, urge pelear para conquistar esa igualdad ante la vida.
Se celebró en las calles el décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género
Organizaciones de la diversidad de todo el país celebraron este domingo por la tarde, en la plaza del Congreso, el décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género. Activistas de todo el país, con banderas, pancartas y vestimenta alusiva, celebraron el aniversario de la Ley en la Plaza de los Dos Congresos, aprobada el 9 de mayo de 2012.
La identidad de género en el mundo
En América Latina, los primeros en sancionar una ley de identidad de género fueron Panamá, en 2006; Uruguay, en 2009; y Brasil, en 2010; pero la de Argentina, dos años más tarde, marcó un punto de inflexión por plantearse desde una perspectiva despatologizadora y sin exigir requisitos médicos. Hasta el 2019, unos 14 países de la región permitían el cambio de identidad sexual, mientras que solo 22 habían legalizado el cambio de nombre.
En Uruguay, la Ley Integral para Personas Trans de 2019 eliminó los requisitos para el cambio de identidad de la ley de 2009, y lo habilita a través de un simple trámite administrativo; además, en los documentos no aparece explícitamente el sexo. Algo similar ocurre en Costa Rica, que permite el cambio de identidad mediante un trámite gratuito y las cédulas no tienen referencia al sexo.
Brasil no tiene una ley específica sobre identidad de género, pero en base a una decisión de la Justicia en 2010 se introdujo el derecho a la cirugía de reasignación sexual gratuita para personas transexuales y desde 2018 se permite el cambio de nombre para mayores de 21, sin necesidad de haber pasado por una cirugía de reasignación de sexo.
En tanto, en México, las leyes relativas al cambio de nombre y marcador de género no son uniformes y varían según la región. Desde 2004, la Ciudad de México reconoce el cambio de la identidad de género, pero recién desde 2014 es posible sin examen médico ni orden judicial.
En Colombia, la Corte Constitucional ordenó en marzo pasado incluir la categoría “no binario” en los documentos de identidad. Desde 2015 es posible cambiar el marcador de género sin requisitos médicos, pero solo se puede realizar dos veces y con 10 años de diferencia. En ese mismo año, Puerto Rico legalizó el cambio de identidad a través de un formulario que debe ser firmado por un profesional clínico.
En 2016, Bolivia aprobó una ley que solo establece un examen psicotécnico que avale que la persona conoce y asume las implicaciones de su decisión de cambio de género. Entre enero y noviembre de 2021, más de un centenar de personas cambiaron sus nombres, imagen y sexo en sus documentos de identidad, según el periódico local El Deber.
En paralelo, Ecuador reformó una ley para garantizar a mayores de 18 años el cambio de nombre o de marcador de género sin requisitos adicionales. Este trámite se puede realizar solo una vez e implica el cambio de “sexo” a “género” en la cédula, mientras que Perú los permite solo a través de la judicialización del Estado. En Venezuela la Justicia reconoció en 2017 el derecho a modificar el género solo después de diversos exámenes, pero cada caso debe ser analizado individualmente.
Chile aprobó en 2018 una ley que garantiza que las personas transgénero mayores de 14 años puedan modificar su nombre y género sin que sea necesaria cirugía.
Las situaciones de Paraguay y Cuba son más estrictas: el primero permite el cambio de nombre en casos excepcionales y en el segundo se puede cambiar el nombre y también el marcador de género, pero solo si corresponde a los órganos genitales de la persona que lo pide.
En América del Norte, Canadá legalizó el cambio de género sin requisitos y en 2019 anunció que también se podría optar por una “X” si la persona no se identificaba con el género masculino ni femenino, mientras que en Estados Unidos, dependiendo del estado, son necesarios algunos requisitos que pueden ser médicos o económicos.
En Europa, el primero en reconocer el cambio de género sin exigir diagnósticos psiquiátricos ni médicos fue Países Bajos en 2013 y entre los últimos, Portugal en 2018. Otros países que cuentan con leyes no médicas ni patologizantes son Bélgica, Malta, Dinamarca, Francia, Grecia, Luxemburgo, Portugal y Noruega, que lo permite desde los 16 años.
Además, Países Bajos registró en 2018 un pasaporte con una X y en 2020 se abrió un debate parlamentario sobre la eliminación del género en los documentos. Alemania, por su parte, dictaminó en 2019 que las partidas de nacimiento de personas con características sexuales intersex tuvieran el indicador “divers”.
En República Checa, por el contrario, es requisito una cirugía de esterilización, en Bielorrusia se exigen exámenes médicos y psicológicos para “descartar otros trastornos sexuales mentales y somáticos”, en Polonia se debe iniciar un proceso judicial y en Turquía es posible con una solicitud en un tribunal.
Si bien en Europa al menos unos 35 países garantizan la existencia de una ley de cambio de identidad, las legislaciones son poco precisas en Croacia, Eslovaquia, Islandia, o Italia, donde la ley establece que “cuando lo crea necesario, el juez podrá ordenar una pericia para determinar el estado psico-sexual de la persona solicitante”.
En Asia, en los últimos años el único país que presentó un verdadero avance fue Pakistán, que aprobó en 2018 una ley sobre los Derechos de las Personas Trans que habilita los cambios de género y de identidad en los documentos sin necesidad de intervención médica o judicial ni requisito económico.
En Oceanía, Australia permite el cambio de género, pero los requerimientos son diferentes dependiendo de la región, y en Nueva Zelanda, donde se puede registrar el sexo como indeterminado, intersexual o no específico, el año próximo entrará en vigor una ley que elimina la exigencia de certificado médico.
En África, previo a la pandemia de coronavirus, Ángola, Esuatini, Malaui, Kenia, Mozambique, Sudáfrica y Zambia permitían el cambio de identidad de género, aunque con legislaciones poco precisas, mientras que Botsuana requiere pruebas médicas y psicológicas y en Namibia, además, el costo del trámite es prohibitivo.
